leido en Terra Actualidad de Europa Press
Los servicios de Consumo de la Junta de Andalucía recibieron hasta el pasado viernes un total de 4.867 consultas --3.750 en las delegaciones provinciales y 1.117 a través del teléfono de información al consumidor-- y 33 reclamaciones sobre el supuesto fraude cometido por las empresas de inversión en bienes tangibles Afinsa y Fórum Filatélico.
Por provincias, los servicios de Consumo de la Delegación de la Junta en Huelva fueron los que atendieron más consultas, con un total de 1.885, seguidos por los de Almería, con 644, y Córdoba, con 330, según informaron a Europa Press fuentes de la Consejería de Gobernación.
Además, precisaron que desde que se conoció la presunta estafa el pasado día 9 de mayo en la Delegación Provincial de Jaén se registraron 310 solicitudes de información; en Sevilla, 200; en Málaga, 150; en Granada, 120; y en Cádiz, 111 consultas.
Según las mismas fuentes, el Consejo Andaluz de Consumo, que celebró el día 12 una reunión extraordinaria para analizar el caso y acordar las medidas a seguir, volvió a reunirse el día 17 de mayo en una sesión ordinaria en la que se abordó las últimas informaciones sobre el caso, como los autos de suspensión de las obligaciones de los afectados frente a las dos compañías.
Los miembros del Consejo Andaluz de Consumo --la Junta de Andalucía, la Federación de Municipios y Provincias, la Confederación de Empresarios de Andalucía y las asociaciones UCA-UCE, Al-Andalus y Facua-- acordaron en su sesión extraordinaria constituir una comisión especial de trabajo que permita ofrecer una 'defensa unitaria' a los afectados en Andalucía por el supuesto fraude, con lo que se pretende evitar las 'torpezas' cometidas en otros casos, como el de Opening.
El presidente de Facua, Francisco Sánchez, explicó entonces que el grupo de trabajo comenzará a operar 'en fechas próximas', elaborando un 'programa de actuación', a través del cual sus miembros se intercambiarán datos y coordinarán sus actuaciones 'para lograr que los afectados tengan el mayor nivel de atención y evitar informaciones confusas que puedan beneficiar a las empresas'.
lunes, mayo 22, 2006
Afectados Forum Filatélico se constituirán mañana en asociación
leido en Actualidad Terra
Un portavoz de la Plataforma de Afectados por el Fórum Filatélico, a la que se han adherido unos 30.000 clientes, señaló en declaraciones a Efe que mañana se darán de alta como asociación, paso previo para la designación de un bufete de abogados que les represente como acusación particular en el proceso judicial contra la empresa de inversión en bienes tangibles.
Una vez creada la asociación, sus responsables prevén celebrar una asamblea y convocar varias reuniones para esta semana frente a la sede de la empresa en la madrileña calle de José Abascal, con el objetivo de distribuir y recoger los formularios de afiliación a la organización para aquellos que no disponen de acceso a Internet.
Un portavoz de la Plataforma de Afectados por el Fórum Filatélico, a la que se han adherido unos 30.000 clientes, señaló en declaraciones a Efe que mañana se darán de alta como asociación, paso previo para la designación de un bufete de abogados que les represente como acusación particular en el proceso judicial contra la empresa de inversión en bienes tangibles.
Una vez creada la asociación, sus responsables prevén celebrar una asamblea y convocar varias reuniones para esta semana frente a la sede de la empresa en la madrileña calle de José Abascal, con el objetivo de distribuir y recoger los formularios de afiliación a la organización para aquellos que no disponen de acceso a Internet.
Diario de León - El juicio de Fórum y Afinsa se demorará al menos cuatro años
leido en Diario de León
El juicio contra los propietarios y administradores de Fórum y Afinsa será una batalla larga y desesperanzadora. Según explican los juristas consultados por el Diario de León, el proceso se prolongará al menos cuatro años, aunque lo más normal es que supere los cinco, como ocurrió con casos precedentes de menor dimensión. Aluden todos ellos a casos como el de Gescartera, una sociedad de valores intervenida en el 2001 por una estafa de 100 millones de euros de la que todavía no hay sentencia judicial.
Y ahora la dimensión del supuesto fraude es mayor. Mucho mayor: el escándalo de Gescartera afecta a 2.000 personas, una cifra nimia si se compara con los más de 350.000 inversores atrapados en lo que ya se califica como la mayor estafa de la historia de España. De ahí lo dilatado de los plazos. Según relatan los juristas consultados, en los próximos tres años peritos y jueces de la Audiencia Nacional trabajarán codo con codo para reconstruir lo sucedido y procesar a los responsa-bles del delito, si lo hubiera. En el medio año siguiente se preparará el juicio que, dada la magnitud de la supuesta estafa, podría prolongarse durante dos o tres semanas, en las que un carrusel de auditores, econo-mistas y peritos tratarán de arrojar luz sobre los hechos .
Meses más tarde llegará la sentencia de la Audiencia Nacional, en la que estarán recogidos los nombres de todos los afectados. Cuando eso ocurra habrán pasado cuatro o cinco años, y el proceso no habrá hecho más que empezar. Se habrá superado la fase penal, pero los miles de afectados deberán aún esperar para cobrar. «Va para largo, muy largo. La ley no prevé que el embargo cautelar se levante para efectuar ninguna devolu-ción a los clientes hasta que termine el juicio oral», asegura la directora del despacho Santos, Pousa y Rodríguez Abogados.
Los primeros en cobrar
Y la demora no es la peor noticia. Más grave es la falta de fondos para cubrir lo invertido por los 350.000 afectados, que no es precisamente poco: el agujero detectado en Fórum y Afinsa era en el 2004 de 3.522 millones de euros, cantidad que, según los cálculos de la Agen-cia Tributaria, podría rondar en la actualidad los 6.000 millones de euros (un billón de las anti-guas pesetas).
Así, para cobrar las deudas habrá que recurrir al patrimonio de las sociedades, que en los próximos meses será gestionado directamente por un administrador judicial (como ocurrió por ejemplo con el Atlético de Madrid). Aunque en este punto vuelven las malas noticias para los afectados, porque el sistema de reparto no les beneficia nada. «A la hora de cobrar, tienen privilegios los empleados, para re-cibir sueldos e indemnizaciones, y después le toca el turno a Ha-cienda y a los bancos», explican en Balms Abogados.
Por eso en las plataformas en vías de creación, aseguran que el objetivo es extender la responsabilidad al Estado y a las empresas auditoras. «De lo contrario, no dará para mu-cho. También será importante el papel del administrador judicial: si no actúa bien, por ejemplo, con los despidos, las indemnizaciones por despidos improcedentes se lo tragarían todo. Por eso los afectados tienen que ser conscientes de que las posibilidades de recuperar toda la inversión son nulas. Eso es prácticamente imposible. El agujero es tan espantoso que aunque el Estado quisiera hacer frente a todo el déficit, no podría», añaden en Balms Abogados.
En este contexto, lo más probable es que cada inversor recupere una pequeña parte del dinero. «Al final, lo que quede después de pagar a los empleados, a Hacienda y a los bancos, que, salvo que el Gobierno trate de alterar esos privilegios, no será mucho, se repartirá proporcionalmente entre los afectados que reclamen», confirma un abogado , que aconseja sobre todo «paciencia y tranquilidad».
El juicio contra los propietarios y administradores de Fórum y Afinsa será una batalla larga y desesperanzadora. Según explican los juristas consultados por el Diario de León, el proceso se prolongará al menos cuatro años, aunque lo más normal es que supere los cinco, como ocurrió con casos precedentes de menor dimensión. Aluden todos ellos a casos como el de Gescartera, una sociedad de valores intervenida en el 2001 por una estafa de 100 millones de euros de la que todavía no hay sentencia judicial.
Y ahora la dimensión del supuesto fraude es mayor. Mucho mayor: el escándalo de Gescartera afecta a 2.000 personas, una cifra nimia si se compara con los más de 350.000 inversores atrapados en lo que ya se califica como la mayor estafa de la historia de España. De ahí lo dilatado de los plazos. Según relatan los juristas consultados, en los próximos tres años peritos y jueces de la Audiencia Nacional trabajarán codo con codo para reconstruir lo sucedido y procesar a los responsa-bles del delito, si lo hubiera. En el medio año siguiente se preparará el juicio que, dada la magnitud de la supuesta estafa, podría prolongarse durante dos o tres semanas, en las que un carrusel de auditores, econo-mistas y peritos tratarán de arrojar luz sobre los hechos .
Meses más tarde llegará la sentencia de la Audiencia Nacional, en la que estarán recogidos los nombres de todos los afectados. Cuando eso ocurra habrán pasado cuatro o cinco años, y el proceso no habrá hecho más que empezar. Se habrá superado la fase penal, pero los miles de afectados deberán aún esperar para cobrar. «Va para largo, muy largo. La ley no prevé que el embargo cautelar se levante para efectuar ninguna devolu-ción a los clientes hasta que termine el juicio oral», asegura la directora del despacho Santos, Pousa y Rodríguez Abogados.
Los primeros en cobrar
Y la demora no es la peor noticia. Más grave es la falta de fondos para cubrir lo invertido por los 350.000 afectados, que no es precisamente poco: el agujero detectado en Fórum y Afinsa era en el 2004 de 3.522 millones de euros, cantidad que, según los cálculos de la Agen-cia Tributaria, podría rondar en la actualidad los 6.000 millones de euros (un billón de las anti-guas pesetas).
Así, para cobrar las deudas habrá que recurrir al patrimonio de las sociedades, que en los próximos meses será gestionado directamente por un administrador judicial (como ocurrió por ejemplo con el Atlético de Madrid). Aunque en este punto vuelven las malas noticias para los afectados, porque el sistema de reparto no les beneficia nada. «A la hora de cobrar, tienen privilegios los empleados, para re-cibir sueldos e indemnizaciones, y después le toca el turno a Ha-cienda y a los bancos», explican en Balms Abogados.
Por eso en las plataformas en vías de creación, aseguran que el objetivo es extender la responsabilidad al Estado y a las empresas auditoras. «De lo contrario, no dará para mu-cho. También será importante el papel del administrador judicial: si no actúa bien, por ejemplo, con los despidos, las indemnizaciones por despidos improcedentes se lo tragarían todo. Por eso los afectados tienen que ser conscientes de que las posibilidades de recuperar toda la inversión son nulas. Eso es prácticamente imposible. El agujero es tan espantoso que aunque el Estado quisiera hacer frente a todo el déficit, no podría», añaden en Balms Abogados.
En este contexto, lo más probable es que cada inversor recupere una pequeña parte del dinero. «Al final, lo que quede después de pagar a los empleados, a Hacienda y a los bancos, que, salvo que el Gobierno trate de alterar esos privilegios, no será mucho, se repartirá proporcionalmente entre los afectados que reclamen», confirma un abogado , que aconseja sobre todo «paciencia y tranquilidad».
El Confidencial - Los afectados de Fórum y Afinsa y cuando la ley se convierte en acicate para el fraude
leido en Elconfidencial.com
Los afectados de Fórum y Afinsa sufren una especie de limbo legislativo a fuerza de una disposición adicional cuarta de la ley 35/2003 que no es ni chicha ni limoná. Creada para garantizar las inversiones se ha vuelto contra todos por ausencia de desarrollo. La desidia del legislador hecha realidad.
Nunca antes se podía aplicar mejor en un escándalo de semejantes dimensiones el aserto de “hecha la ley, hecha la trampa”. La ley se ha convertido en la trampa.
Una normativa que contrariamente al espíritu de cualquier ley deja al consumidor en las manos de los defraudadores. El Estado no quiere tener responsabilidades y se limita a tirar los trastos a la cabeza de las Comunidades Autónomas, que tratan de lavarse las manos y dicen no tener ni medios ni potestad reales.
El Instituto de Contabilidad y Auditoria Contable, que se ha caído del guindo con las auditorías de ambas empresas justo cuando ha saltado el embrollo, como siempre ha venido ocurriendo en los últimos 25 años, se quitó de en medio en su día igual que hicieron el Banco de España, la Comisión de Valores, Seguros y los sucesivos ministros de turno, según hemos conocido.
Todos sabían que podía ocurrir semejante desmadre y al final ha tenido lugar y gracias a su labor de Pilatos no hay responsable alguno más que aquellos que confiaron sus inversiones en lo que parecía una actividad regulada, pero no era lo que parecía ser.
Es el Fiscal el que habla de actividades financieras cuando el resto insiste en que los 350.000 afectados lo que han hecho es simple y llanamente comprar sellos. Ya te digo.
Ahora resulta que la inversión en un fondo de sellos, valorado al libre albedrío, el depósito de dinero y el préstamo de valores, tres asuntos propios de un banco o una sociedad de inversión, no eran tales.
Es la perversión de la norma. Una ley hecha para que todo parezca lo que no es. Para que una actividad financiera simule una acción comercial. Para que nadie asuma responsabilidades reales en caso de fiasco. Para que la regulación se diluya entre los mares de los desarrollos posteriores, de los futuribles que nunca llegan. Bueno hasta que estalla el escándalo.
Una ley que podría ser considerada un fraude, una ley del tocomocho o el tocomocho hecho ley.
Y Hacienda, nuestro querido Fisco llevándose durante más de 25 años el 35% de Sociedades hasta que la bola de nieve no cabía por la puerta de entrada al paraíso y los billetes de 500 se desparramaban por el recuadro de los sellos.
Luego está ese otro asunto del traspaso de poderes en Rodrigo Rato y Pedro Solbes. Como no es público, como no hay transparencia en este tipo de actos, pues cada uno reprocha al otro lo que le viene en gana. Si los trasvases entre representantes del mismo color no suelen ser modélicos, por eso de no dejar papeles, los de contrario signo son aún mejores.
Daría para un libro conocer la actuación de nuestros próceres cuando les toca ceder el sillón en los respectivos ministerios y en La Moncloa. Las limpiezas de disco duro, los anaqueles vacíos, el borrado de teléfonos, la cartera reluciente. La escenificación del traspaso, el traspaso de la nada. Así es el poder que deja a sus ciudadanos en la estacada porque el legislador no estuvo fino.
Y por supuesto la enorme factura de la ausencia de cultura financiera, la asimetría del peso de la economía española con el desarrollo por ejemplo de la educación, la innovación, el conocimiento.
Los afectados de Fórum y Afinsa sufren una especie de limbo legislativo a fuerza de una disposición adicional cuarta de la ley 35/2003 que no es ni chicha ni limoná. Creada para garantizar las inversiones se ha vuelto contra todos por ausencia de desarrollo. La desidia del legislador hecha realidad.
Nunca antes se podía aplicar mejor en un escándalo de semejantes dimensiones el aserto de “hecha la ley, hecha la trampa”. La ley se ha convertido en la trampa.
Una normativa que contrariamente al espíritu de cualquier ley deja al consumidor en las manos de los defraudadores. El Estado no quiere tener responsabilidades y se limita a tirar los trastos a la cabeza de las Comunidades Autónomas, que tratan de lavarse las manos y dicen no tener ni medios ni potestad reales.
El Instituto de Contabilidad y Auditoria Contable, que se ha caído del guindo con las auditorías de ambas empresas justo cuando ha saltado el embrollo, como siempre ha venido ocurriendo en los últimos 25 años, se quitó de en medio en su día igual que hicieron el Banco de España, la Comisión de Valores, Seguros y los sucesivos ministros de turno, según hemos conocido.
Todos sabían que podía ocurrir semejante desmadre y al final ha tenido lugar y gracias a su labor de Pilatos no hay responsable alguno más que aquellos que confiaron sus inversiones en lo que parecía una actividad regulada, pero no era lo que parecía ser.
Es el Fiscal el que habla de actividades financieras cuando el resto insiste en que los 350.000 afectados lo que han hecho es simple y llanamente comprar sellos. Ya te digo.
Ahora resulta que la inversión en un fondo de sellos, valorado al libre albedrío, el depósito de dinero y el préstamo de valores, tres asuntos propios de un banco o una sociedad de inversión, no eran tales.
Es la perversión de la norma. Una ley hecha para que todo parezca lo que no es. Para que una actividad financiera simule una acción comercial. Para que nadie asuma responsabilidades reales en caso de fiasco. Para que la regulación se diluya entre los mares de los desarrollos posteriores, de los futuribles que nunca llegan. Bueno hasta que estalla el escándalo.
Una ley que podría ser considerada un fraude, una ley del tocomocho o el tocomocho hecho ley.
Y Hacienda, nuestro querido Fisco llevándose durante más de 25 años el 35% de Sociedades hasta que la bola de nieve no cabía por la puerta de entrada al paraíso y los billetes de 500 se desparramaban por el recuadro de los sellos.
Luego está ese otro asunto del traspaso de poderes en Rodrigo Rato y Pedro Solbes. Como no es público, como no hay transparencia en este tipo de actos, pues cada uno reprocha al otro lo que le viene en gana. Si los trasvases entre representantes del mismo color no suelen ser modélicos, por eso de no dejar papeles, los de contrario signo son aún mejores.
Daría para un libro conocer la actuación de nuestros próceres cuando les toca ceder el sillón en los respectivos ministerios y en La Moncloa. Las limpiezas de disco duro, los anaqueles vacíos, el borrado de teléfonos, la cartera reluciente. La escenificación del traspaso, el traspaso de la nada. Así es el poder que deja a sus ciudadanos en la estacada porque el legislador no estuvo fino.
Y por supuesto la enorme factura de la ausencia de cultura financiera, la asimetría del peso de la economía española con el desarrollo por ejemplo de la educación, la innovación, el conocimiento.
Diario Montañés - Hoy declarará ante el juez el director contable de Afinsa
leido en El Diario Montañés
El director de Impuestos y Contabilidad de Afinsa, Emilio Ballester López, declara hoy como imputado, ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Ballester es uno de los seis querellados por la Fiscalía Anticorrupción en relación a la presunta estafa cometida por Afinsa a más de 150.000 clientes, por la que ya están en situación de prisión provisional cuatro ejecutivos de la sociedad y un proveedor de sellos.
Sigue pendiente aún la declaración del auditor de Afinsa desde 1999, a través de la empresa Gestinsa Auditores Externos SL, Francisco Blázquez Ortiz, que se ha aplazado hasta examinar la documentación contable de los registros practicados a las sedes de la compañía. Actualmente, el administrador judicial Javier Grávalos Olivella se encarga de la gestión de la sociedad en sustitución de su Consejo de Administración, cuyos poderes han sido revocados, aunque, hasta el momento, asuntos fundamentales como los contratos de trabajo con sus empleados siguen vigentes y no han sido variados.
Paralelamente, se ha iniciado un concurso de acreedores en el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, como paso previo a una posible liquidación de los bienes de la entidad para hacer frente a las deudas con los inversores u otros acreedores, como los propios trabajadores de la entidad.
El juez Santiago Pedraz, además, suspendió cautelarmente las obligaciones contraídas por los clientes de Afinsa y ha bloqueado las cuentas.
El director de Impuestos y Contabilidad de Afinsa, Emilio Ballester López, declara hoy como imputado, ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Ballester es uno de los seis querellados por la Fiscalía Anticorrupción en relación a la presunta estafa cometida por Afinsa a más de 150.000 clientes, por la que ya están en situación de prisión provisional cuatro ejecutivos de la sociedad y un proveedor de sellos.
Sigue pendiente aún la declaración del auditor de Afinsa desde 1999, a través de la empresa Gestinsa Auditores Externos SL, Francisco Blázquez Ortiz, que se ha aplazado hasta examinar la documentación contable de los registros practicados a las sedes de la compañía. Actualmente, el administrador judicial Javier Grávalos Olivella se encarga de la gestión de la sociedad en sustitución de su Consejo de Administración, cuyos poderes han sido revocados, aunque, hasta el momento, asuntos fundamentales como los contratos de trabajo con sus empleados siguen vigentes y no han sido variados.
Paralelamente, se ha iniciado un concurso de acreedores en el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, como paso previo a una posible liquidación de los bienes de la entidad para hacer frente a las deudas con los inversores u otros acreedores, como los propios trabajadores de la entidad.
El juez Santiago Pedraz, además, suspendió cautelarmente las obligaciones contraídas por los clientes de Afinsa y ha bloqueado las cuentas.
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